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Los alcaldes podrán forzar la rehabilitación de tres millones de edificios de más de 50 años

Los propietarios de viviendas antiguas deberán ponerse al día en los próximos cinco años, según la nueva Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuyo anteproyecto de Ley pasará en breve por el Consejo de Ministros

Noticia del sector

La nueva Ley de Rehabilitación enfila sus últimos trámites. El sector de la construcción tiene muchas esperanzas depositadas en que la nueva ley dinamice la actividad, tras el colapso que produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, la norma, una de las más importantes para el Ministerio de Fomento, está destinada a resucitar la actividad y el empleo en el sector de la única manera posible en estos momentos: generando negocio con las viviendas antiguas. Y lo hará eliminando burocracia, con facilidades para las comunidades de vecinos, simplificando la legislación y, también, poniendo el foco en los edificios que no cumplen con los requisitos de accesibilidad, pero siguen sin ser rehabilitados, según el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que en breve pasará por el Consejo de Ministros.

Cabe recordar que el porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación con el total de la construcción es uno de los más bajos de la zona euro, situándose en 2009 en 13 puntos por debajo de la media europea, que alcanzaba el 41,7%.

Entre otras muchas novedades, la norma apuntala el marco legal que obliga a las comunidades de propietarios de edificios antiguos a adaptarlos a los criterios de accesibilidad y conservación. Algo que se había regulado anteriormente, pero sin establecer unos plazos determinados, sin unos requisitos exhaustivos y dejando fuera a los ayuntamientos pequeños.

Todo eso se cambia en la nueva norma, que crea la figura del Informe de Evaluación de los Edificios, que permitirá a las Administraciones Públicas "evaluar el cumplimiento de las condiciones básicas legalmente exigibles", tanto en materia de conservación como en la accesibilidad y eficiencia energética -y esto último es la gran novedad-.

En este punto, el anteproyecto destaca que hay "más de tres millones de viviendas" en edificios de "tipología residencial colectiva", que tenían que acometer una rehabilitación forzosa antes de 2016 para ser accesibles, pero el Gobierno les dará algo más de dos años de margen extraordinario, hasta 2018.

Y a partir de ese momento, los ajustes en materia de accesibilidad "pueden ser legalmente exigidos, tanto para los edificios, como para los espacios públicos urbanizados existentes y, por tanto, también controlados por la Administración Pública competente", apunta el texto.

Esa evaluación de las deficiencias "será exigible a todos los edificios de tipología residencial colectiva", agrega el texto, elaborado por el Ministerio de Fomento.

Más de 7.700 municipios

El anteproyecto apunta en su exposición de motivos que "no se trata de imponer nuevas obras de conservación de inmuebles", pero lo cierto es que antes se limitaba la obligación de conservación de los edificios colectivos "a los municipios con más de 25.000 habitantes". Es decir, ahora también tendrán la obligación de rehabilitar sus edificios los propietarios de más de 7.700 municipios (el 95% del total).

Además, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no ha regulado esa conservación obligatoria de edificios, que hasta ahora se incluía en la Inspección Técnica de Edificios (ITE, instrumento al que ahora sustituye el antedicho Informe de Evaluación). "Y los grandes ayuntamientos que sí lo han regulado han tardado casi 10 años", aseguran fuentes del sector. Hasta ahora no se delimitaba cuándo tenían que legislar los alcaldes sobre las inspecciones y la obligación de conservar (y por tanto rehabilitar) los edificios. El nuevo anteproyecto pone fechas, "para que los ayuntamientos hagan sus deberes y los propietarios también", apuntan fuentes del sector. Así, los edificios de más de 50 años (seis millones de viviendas en toda España) tendrán un plazo de cinco años. Después de ese plazo, los ayuntamientos podrán forzarles a rehabilitar, renovar o mejorar la accesibilidad o conservación de sus edificios.

El resto de edificios tendrá que presentar su evaluación en dos casos: antes de pedir una ayuda pública o cuando lo determine la administración local o autonómica (que podrán legislar al respecto).

La ley dejará claro que la administración será muy vigilante. Porque, ¿y si no se rehabilitan las deficiencias detectadas con el Informe de Evaluación de un edificio? "Si la Administración competente comprobase que las deficiencias observadas no han sido subsanadas dentro del plazo concedido al efecto, podrá ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan", responde, tajante, el texto.

Y se adoptarán "idénticas medidas" a quienes no "cumplimenten en tiempo y forma" el Informe de Evaluación, agrega el anteproyecto. De esta forma, el Gobierno se asegura que la rehabilitación dinamice el sector, mejore las condiciones de vida de los propietarios de los edificios antiguos y cree empleo. Porque "el camino de la recuperación económica" requiere "la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción". Y la rehabilitación es la única salida, hoy por hoy, para que esto ocurra.

* Descárgate el texto íntegro del Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

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